El síndrome de la hoguera

El nivel de violencia verbal -atizado, sobre todo, por referentes de la derecha- es realmente insoportable. Sería objeto de acciones judiciales prácticamente todos los días y los jueces en España no darían abasto a semejante trabajo. Las acusaciones son gravísimas, la polarización solo tiene precedentes en las Cortes de la Segunda República, en donde las palabras parlamentarias fueron un perverso escenario de radicalización ideológica. El PP está calentando los motores de su congreso nacional de julio con una entrada en tromba que pretende acentuar la estrategia de demonización y de desgaste de Sánchez hasta extremos que no se conocían. Lo hace también sacudiendo a sus socios parlamentarios, haciéndoles cómplices de los 'forajidos'. En lugar de buscar hábilmente ciertas empatías se opta por sacarles de quicio. Lo ocurrido con el reconocimiento del catalán, euskera y gallego por parte de las instituciones europeas es un botón de muestra revelador. El PP no es un experto en hacer aliados.

Llama la atención, por otra parte, que ese lema 'Democracia o mafia' haya saltado a la arena pública el mismo día en el un juez ha enviado a prisión a Francisco Martínez, exsecretario de Estado de Interior, con el último Ejecutivo del PP. Las acusaciones no son menores. Según fuentes jurídicas, los delitos investigados son blanqueo de capitales, descubrimiento y revelación de secretos y organización criminal, aunque la causa está bajo secreto. Por otra parte, el asunto de la 'Policía patriótica' -la Justicia también investiga si se utilizaron a funcionarios públicos para perseguir a adversarios políticos con los gobiernos de Mariano Rajoy- todavía sigue siendo una sombra a despejar. Con este panorama, exhibir el lema 'Democracia o mafia', es un ejercicio político bastante arriesgado. Nadie está libre de que le estalle en la cara cualquier dossier.

La movilización es un ejercicio normal en un sistema democrático. Pero atención al contexto. El lema no solo tiene una evidente dinamita política. Es que tiene una dimensión penal porque se está prácticamente asociando al Ejecutivo con la comisión de delitos. Otro debate es a quién beneficia esta espiral dialéctica tan irrespirable . ¿Quién sacará beneficio de la brutal deslegitimación política y personal del adversario? Se están rompiendo todos los puentes y es un camino del que convendría antes de que sea demasiado tarde. Porque el único beneficiario de todo esto, a la larga, va a ser Vox. Se dice que se quiere absorber a su electorado, pero se acaba comprando su narrativa. La corriente reaccionaria en Europa es un ejemplo meridiano del riesgo de jugar con fuego.

Todo esto es compatible con mantener un nivel de máxima exigencia ante este Gobierno y ante el deterioro de las instituciones. El PSOE, enrocado en un discurso de resistencia numantinas, no puede limitarse a decir que la cosa no va con él. El expediente abierto a su militante Leire Díez no es suficiente para aclarar las sospechas. Actitudes como la del extremeño Gallardo -que ha pasado a ser parlamentario autonómico para aforarse- son bien censurables desde la ética política.

Sánchez ha mostrado su disposición a resistir, pero todo es posible ya. Basta un leve movimiento judicial para que la actual mayoría termine saltando por los aires. Feijóo busca la mayoría absoluta y Sánchez evitar el anticipo. El problema es que el precio de ambos escenarios puede ser demasiado alto y lo está pagando el sistema.