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El PP salió este lunes en tromba para exigir la dimisión del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, después de que el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado ... , haya decidido enviarlo al banquillo de los acusados por revelación de secretos en el proceso que afecta al novio de Isabel Díaz Ayuso. Una petición a la que sumaron la renuncia también la de Pedro Sánchez, a quien responsabilizan de ser la mano negra detrás de la filtracion. «Es el momento de que se vaya el Fiscal General del Estado y quien le daba las indicaciones», escribió en las redes sociales Alberto Núñez Feijóo, junto a una imagen del auto.
Para los populares no hay otra salida para García Ortiz porque su procesamiento es «extraordinariamente grave» y «no tiene precedentes» en la historia de la democracia española. Inciden además en que «si el Gobierno fuera digno hoy mismo le estaría pidiendo que se apartara». «Es de tal gravedad que no puede ser que el encargado de perseguir los delitos penales esté sometido a una investigación. Es insostenible», aseguró el portavoz del PP, Borja Sémper, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido.
En la dirección nacional tienen grabada a fuego la declaración de Sánchez en 2019 cuando era presidente en funcione y vinculó directamente su promesa de que traería a Carles Puigdemont de regreso a España para ser juzgado por sedición y malversación de fondos, como el resto de líderes del procés, a que la Fiscalía General del Estado «depende» del Ejecutivo.. «Si la Fiscalía depende del Gobierno -le recordó este lunes Sémper-, los ciudadanos ya no podemos depender de un presidente que protege a un fiscal imputado y a punto de ser procesado».
Para Feijóo y su círculo, el procesamiento de García Ortiz es el último capítulo de un Gobierno que a su juicio ha entrado en «fallo multiorgánico» y el claro ejemplo de la situación del país y de la «contaminación de toda la política española», por la que el domingo protestaron en la plaza de España de Madrid más de cien mil personas, según Génova, cifra que la Delegación del Gobierno rebaja a 50.000. «Esta legislatura nos va a seguir dando capítulos de gloria», ironizan en la cúpula del PP, después de que en la misma mañana la jueza que investiga al hermano de Sánchez por su puesto de trabajo en la Diputación de Badajoz considere que el líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, cometió «fraude de ley» mediante su aforamiento exprés. O que la vicepresidenta de la Comisión Europea y exvicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, reconociese a su paso por el Senado que se reunió con Víctor de Aldama, cabecilla de la 'trama Koldo', pero negó cualquier relación con los imputados en este caso.
Por todo ello, en Génova urgen a Sánchez a «dar la cara» tras más de 40 días «escondido», sin responder a ninguna pregunta de los periodistas. Pero ponen también el foco en los aliados parlamentarios del Gobierno, sobre los que, dicen, hay «una corresponsabilidad ineludible» y a los que animan a dejar caer al socialista en una moción de censura porque si siguen tapando a Sánchez, «estarán avalando el nepotismo y la corrupción».
Para los conservadores, es cuestión de tiempo que los aliados del Ejecutivo comiencen a retirarle su apoyo. Ahora mismo, explicó Sémper, «están en un proceso de duelo, de aceptación de la realidad». Y no van a cambiar hasta que no sean conscientes de que «toda esta corrupción les va a afectar electoralmente. Y esto, admiten en el PP, lleva su tiempo. «Todavía están verdes», resumió el portavoz nacional. Aunque ninguno de los socios de Sánchez esté dispuesto a apoyar una moción de censura contra Sánchez secundada por Vox.
En el partido de Santiago Abascal coinciden el procesamiento del fiscal general es un «hecho gravísimo» que debería llevar aparajeado «su dimisión o cese inmediato». A la que creen le debe seguir la del jefe del Ejecutivo «si tuviera un rastro de dignidad.
Los socios del Gobierno utilizan, por el contrario, el procesamiento de García Ortiz para atacar al Supremo y cargar contra Ayuso.En Sumar consideran muy «inquietante» y «preocupante» que el Alto Tribunal impute al fiscal general por defender a la institución «de bulos y de las mentiras» del entorno de la presidenta madrileña. Desde Podemos, Ione Belarra, acusó al poder judicial de actuar al dictado de la derecha y recurrió al discurso del lawfare para cargar contra Ayuso y su novio, quienes en su opinión, «deberían estar en prisión».
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